viernes, 11 de julio de 2014

ECONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS (Parte II). Implicaciones para la política antiterrorista.


Segundo post de la Economía de las Organizaciones Terroristas, escrito por Fernando Esteve:


Fernando Esteve Mora*

El análisis precedente de las organizaciones terroristas tiene unas claras implicaciones respecto a la política antiterrorista, implicaciones que pueden ser útiles en los debates que sobre la misma se suelen plantear.

En primer lugar, está la cuestión de la reinserción social de los terroristas. El problema que aquí se plantea en el caso de los "liberados" es que, muy frecuentemente, su “especialización” en las actividades destructivas los ha hecho inhábiles para las actividades productivas, por lo que difícilmente pueden reinsertarse en el mercado laboral. ¿Qué pueden hacer si no saben hacer otra cosa que secuestrar y poner bombas? Facilitar su integración en el sector de gestión de la violencia legal privado o público (empresas de seguridad, cuerpos de seguridad del Estado), a semejanza de lo que se dice que hacen algunas empresas de seguridad informática con los hackers, no es aquí ni ético ni eficiente a tenor de las obvias dificultades que tendría su integración con unos trabajadores a los que antes combatían y mataban.

Una alternativa es su integración en un tipo de actividad improductiva que no exige elevada cualificación, cual es la actividad política. Es esta la salida más habitual para los "liberados" que quieren reintegrarse socialmente. El único “coste” para ellos es el de reconocer la equivocación en que incurrieron al elegir la vía de la lucha armada en vez de la lucha política, pero fuera de esto, parece la vía más prometedora. Sucede, sin embargo que la capacidad de absorción por parte del mercado político de los terroristas arrepentidos o excarcelados no es muy elevada pues depende del atractivo que la línea política que defendieron cuando terroristas tenga en el mercado político. Si este no es demasiado elevado, la implicación es que habrá un exceso de oferta de “liberados” por encima de la demanda del mercado, habrá pues un cierto número de "liberados" a los que la reinserción social les sería imposible . Una alternativa es que el Estado, obviamente de manera ilegal y solapada, les proporcione una suerte de pensión de "jubilación anticipada". En su ausencia, el coste de oportunidad de muchos de los "liberados" puede ser tan alto que les lleve a mantener de por vida la actividad violenta, ya casi desprovista de cualquier coartada ideológica, como único medio de subsistencia económica debido a la inexistencia de oportunidades de empleo.

En segundo lugar, está la cuestión de la eficacia relativa de diferentes políticas antiterroristas. Pues bien, de todo lo anterior, es decir, de pensar en una organización terrorista desde una perspectiva económica se sigue que la política antiterrorista más efectiva, en términos relativos, no será la política de represión policial en sentido estricto, sino la política policial de represión económica, o sea, aquella que busca hacer más difícil la supervivencia económica de la "cooperativa" terrorista. Y ello, se podrá llevar a cabo a través de dos vías:

a) dificultando los ingresos del grupo terrorista ya sea controlando sus transacciones financieras, ya sea persiguiendo la recaudación del "impuesto revolucionario", ya sea dificultando sus actividades delictivas comunes. Una pieza importante de esa política represiva de tipo económico es la de identificación y detención de los "trabajadores/terroristas" a tiempo parcial que suelen ser quienes se encargan de las tareas de información y cobro del impuesto revolucionario así como las de gestión legal de los recursos económicos de la organización (transferencias bancarias, provisión de cobros, contratos de alquiler, etc., etc.). El papel clave de estos "trabajadores" se acentúa si se tiene en cuenta, además, que son también imprescindibles para la "gestión" de los secuestros que es una vía importante de recursos financieros. Dicho de otra forma, los terroristas "legales" a "tiempo parcial" y los "liberados" a "tiempo completo" son factores de producción estrictamente complementarios, de modo que el éxito en la desactivación de los de tiempo parcial incide de modo determinante sobre la "eficacia" terrorista de los otros, los "liberados". Incluso podría decirse que, puestos a elegir entre enfocar las tareas antiterroristas sobre uno u otro colectivo, la decisión más eficiente exigiría concentrar las tareas represivas sobre los "legales", pues el efecto negativo sobre la supervivencia económica y por ende la efectividad de la "cooperativa" terrorista es mucho mayor. No es despreciable aquí hacer referencia a un factor añadido cual es el de que el efecto mediático de la detención de un "liberado" suele ser mayor que la de si el detenido es "legal", con lo que la publicidad que consigue la banda terrorista es menor.

b) aumentando los costes de la actividad terrorista. Si suben los gastos a los que ha de enfrentase la "cooperativa" (por ejemplo, por tener que pagar más por sus aprovisionamientos de su materia prima y equipo capital (armas, municiones, gastos en cobijo y escondite,...), sin duda que la actividad terrorista disminuirá. Frente a quienes podrían inclinarse a pensar que ese incremento en los precios de sus inputs o factores de producción/destrucción y de sus costes llevaría correspondientemente a la "cooperativa" terrorista a reduplicar sus esfuerzos para allegarse más recursos económicos, puede argumentarse que, fuera del efecto sustitución que se traduce e que esa subida en los gastos llevará al grupo terrorista a dedicar una proporción mayor de su actividad terrorista a la de tipo pecuniario, la Economía predice que el resultado de tal variación al alza en los precios de los "factores de producción/destrucción" que usa será una disminución del output "producido", o sea, de su capacidad de perpetrar actividades terroristas.

Y ello por dos razones. La primera es la misma que se usa cuando se analiza el efecto de una subida en el precio de una materia prima (por ejemplo, el petróleo o la energía) sobre cualquier actividad económica llevada a cabo por cualquier empresa legal. La subida en el coste lleva a alterar su nivel de producción óptimo a la baja, a un nivel inferior. La segunda, específica para el caso de una cooperativa, es que el aumento de los gastos, se traduce en una caída de los ingresos netos a repartirse entre los socios determinantes de la cooperativa, o sea, los "liberados" en el caso de una “cooperativa terrorista”. Es decir, que se traduce en una caída de la remuneración neta media o por "trabajador/terrorista liberado". En consecuencia, es predecible que las condiciones de vida de los trabajadores/terroristas liberados caerá, por lo que la alternativa para mejorarlas pasa ineludiblemente por aumentar esos ingresos netos medios disminuyendo el nivel de empleo que ofrece la cooperativa, o sea, disminuyendo el número de "trabajadores/terroristas" que forman parte de la organización. Y ello se hará mediante diversos mecanismos de ajuste de plantilla como, por ejemplo, no cubriendo las "bajas" que se van produciendo en el grupo de liberados. Ahora bien, ese descenso en el número de terroristas "full-time" dado que se traduce en una caída de la capacidad operativa de la organización, significa un éxito en la política antiterrorista.

Finalmente, algo más se puede decir acerca de la política de reinserción social de los terroristas desde este punto de vista. Al margen de lo que se ha dicho acerca de las dificultades que su especialización en las actividades "destructivas" les supone a los “liberados” a la hora de cambiar su actividad destructiva hacia otra pacífica ya sean productiva (un trabajo normal y corriente) o improductiva (como, por ejemplo, lo es la actividad política), se tiene que una política penitenciaria más benévola que permite salir de las cárceles a algunos terroristas, le puede plantear a la "cooperativa" terrorista un problema económico añadido en la medida que la “cooperativa” tenga el compromiso de hacer frente a sus -llamémoslas- "pensiones de jubilación". En efecto, mientras están en la cárcel, el mantenimiento básico de los terroristas corre a cargo del Estado, pero al salir, deja de ser así, con lo que ya sea que se reintegren a la "actividad terrorista" o ya sea pasen a ser trabajadores/terroristas "pasivos", su mantenimiento afecta a los ingresos netos medios de la “cooperativa” terrorista, dificultando así aún más su supervivencia económica.
[1]    Escuela de Inteligencia Económica/School of Economic Intelligence (la_SEI)

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